Los cinco exquerellantes desplazados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi apelaron la decisión. El recurso será resuelto por la Sala I, donde dos de sus tres jueces ocupan sus cargos de forma provisoria.
Los cinco exquerellantes que el viernes fueron desplazados del caso $LIBRA por decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi apelaron el fallo. El debate sobre su permanencia como acusadores privados en la causa será resuelto por la Sala I de la Cámara Federal.
La Sala I está integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Bruglia y Bertuzzi ocupan sus cargos de manera provisoria desde 2018, cuando fueron trasladados desde tribunales orales durante la gestión de Mauricio Macri. La Corte Suprema ordenó luego que todos los traslados sean cubiertos por jueces elegidos por concurso.
El Consejo de la Magistratura envió al Poder Ejecutivo las ternas para reemplazarlos, aprobadas por 15 votos contra 5. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al presidente Javier Milei, elegirán a los reemplazos.
Bruglia presentó un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que sostiene que el Gobierno aplica el criterio de la Corte de manera “selectiva”, citando el caso del juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, quien también fue trasladado durante el macrismo y el Gobierno impulsó su continuidad más allá de la edad jubilatoria. La CIDH corrió traslado al Estado argentino para que informe en el plazo de un mes.
Bertuzzi participó del concurso y fue incluido en una de las ternas. La primera terna quedó conformada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. La segunda, por Julio César Di Giorgio, la fiscal Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi. En los próximos días, el Gobierno elegirá a dos de esos seis nombres.
El reclamo de las querellas podría estar en la mesa de la Cámara Federal la semana próxima. La Sala suele expedirse en unos 15 días. En un fallo de abril de este año, la Sala I rechazó incluir como querellantes a dos inversores bielorrusos por no acreditar la titularidad del dinero afectado por el colapso de $LIBRA. El juez Martínez de Giorgi utilizó un argumento similar para apartar a los cinco querellantes.