El proyecto del Gobierno nacional para eliminar el sistema de precio único del libro abrió un nuevo frente de conflicto con editoriales independientes, librerías y organizaciones culturales. Desde el Chaco, referentes del sector advirtieron que la iniciativa podría acelerar la concentración del mercado y poner en riesgo una extensa red de proyectos vinculados con la producción y la circulación de literatura.
El proyecto del Gobierno nacional para eliminar el sistema de precio único del libro abrió un nuevo frente de conflicto con editoriales independientes, librerías y organizaciones culturales. Desde el Chaco, referentes del sector advirtieron que la iniciativa podría acelerar la concentración del mercado y poner en riesgo una extensa red de proyectos vinculados con la producción y la circulación de literatura.
La propuesta contempla la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y modificaciones a la Ley del Libro. La normativa vigente obliga a que cada título conserve el mismo valor de venta en todos los comercios del país, más allá de que sea ofrecido por una librería de barrio, una cadena comercial o una plataforma digital.
El argumento de quienes cuestionan el cambio es que las empresas con mayor capacidad económica podrían aplicar importantes descuentos sobre los libros de mayor demanda, una estrategia difícil de sostener para los pequeños comercios. De esa manera, aseguran, la competencia dejaría de ser equilibrada y podría terminar concentrándose en unos pocos actores.
El escritor, editor y fundador de Literatura Tropical, Alfredo Germiniani, sostuvo que la eliminación del precio único pondría en una situación crítica a las librerías y editoriales independientes. «Lo que hace es destruir las pequeñas librerías y toda la industria editorial independiente», afirmó durante una entrevista concedida a Radio Libertad. Según explicó, los comercios pequeños suelen trabajar con márgenes de entre el 30% y el 40%, mientras que una compañía de gran escala puede comercializar un título exitoso incluso por debajo de su rentabilidad habitual para ganar participación en el mercado.
Germiniani señaló que las ventas de los libros más populares permiten sostener la circulación de otras obras con menor demanda, como poesía, ensayos, narrativa regional y autores que recién comienzan sus carreras. «Nosotros no hablamos de best seller, hablamos de long seller. Son libros que quizás venden 500 ejemplares en dos o tres años, pero siguen circulando y construyendo cultura», planteó. Para el editor, si los ingresos de las pequeñas librerías quedan concentrados en menos títulos o son absorbidos por grandes plataformas, numerosos proyectos podrían dejar de publicar obras que no garantizan una venta inmediata.
La directora general de la Fundación Mempo Giardinelli, Natalia Porta López, también cuestionó la iniciativa y advirtió que la discusión excede a los comercios dedicados a la venta de ejemplares. En declaraciones realizadas a la misma emisora, consideró que la norma vigente brinda una protección especial a las librerías del interior y permite que un libro mantenga el mismo valor tanto en una gran ciudad como en localidades alejadas de los principales centros editoriales. «Es muy justo que un libro valga lo mismo en Jujuy, en Buenos Aires o en Ushuaia», remarcó. Porta López sostuvo que el libro no puede ser analizado únicamente bajo las reglas tradicionales de oferta y demanda, debido a su dimensión cultural y educativa. También rechazó que la desregulación vaya a provocar necesariamente una reducción permanente de los precios. A su entender, las grandes compañías podrían ofrecer inicialmente descuentos para desplazar a los pequeños competidores y volver a aumentar los valores una vez alcanzada una posición dominante. «Donde no existe una normativa semejante, los más grandes se comieron a los más chicos», resumió.
Las críticas también alcanzan a otros cambios incluidos en el anteproyecto, relacionados con políticas públicas de promoción del libro y la lectura. Porta López mencionó como posibles áreas afectadas al Plan Nacional de Lectura, el programa Libros y Casas, las ferias provinciales, la circulación de escritores e ilustradores y las iniciativas destinadas a traducir y difundir autores argentinos en el exterior. También manifestó preocupación por la situación de las bibliotecas populares, muchas de las cuales atraviesan dificultades para afrontar sus gastos básicos y renovar sus colecciones. «Estamos hablando de todo un ecosistema que se puede caer», advirtió.
Germiniani coincidió en que la discusión involucra más que el precio final de los ejemplares. Las librerías independientes, explicó, funcionan también como espacios de presentación de obras, talleres, encuentros con escritores, asesoramiento editorial y formación de nuevos lectores.
El debate aparece en un contexto de reducción del consumo y dificultades económicas para las editoriales. Según Porta López, las ventas atraviesan niveles similares a los registrados durante la pandemia, cuando las restricciones sanitarias paralizaron buena parte de la actividad presencial. La referente cultural cuestionó que el Ejecutivo nacional presente la reforma como una herramienta para ampliar el acceso a los libros mientras, al mismo tiempo, reduce o modifica los programas que sostienen la formación de lectores. «Dicen que quieren que la gente lea más, pero están desarmando las condiciones para que eso ocurra», expresó.
Por su parte, Germiniani recordó que Literatura Tropical funciona desde 2014 como una editorial y espacio cultural independiente. El proyecto publica autores, organiza talleres narrativos y desarrolla actividades vinculadas con la lectura, aunque enfrenta crecientes dificultades para sostener la edición de nuevos títulos.