El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto la obligación de rubricar la documentación laboral, según una nueva resolución publicada este jueves.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto la obligación de la rúbrica de la documentación laboral que preveía el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 407/2026. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Según el texto oficial, desde el 1° de junio de 2026 cesa la obligación de rubricar la documentación laboral ante la autoridad local. Además, se derogan el conjunto de resoluciones y disposiciones que regulaban ese procedimiento. El período devengado correspondiente a mayo de 2026 será el último alcanzado por el régimen que ahora queda sin efecto.
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, afirmó: “Esta decisión refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente”. Y añadió: “Eliminar trámites que ya no tienen sustento legal reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo”.
Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, declaró: “Siguiendo la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de avanzar hacia un Estado más moderno y eficiente, esta adecuación normativa elimina trámites innecesarios sin afectar los controles”.
Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo señalaron que la medida no modifica las competencias de fiscalización, inspección y sanción previstas por la Ley 265. La Ciudad continuará controlando el cumplimiento de la normativa laboral, así como las condiciones de salud, higiene y seguridad en los ámbitos de trabajo.
La resolución establece que los trámites iniciados antes del 1° de junio de 2026 continuarán bajo las reglas vigentes al momento de su presentación. La Dirección General Relaciones del Trabajo definirá el tratamiento de las solicitudes pendientes y, cuando corresponda, el reintegro de los aranceles abonados.
Asimismo, se encomendó a la Dirección General Relaciones del Trabajo la adecuación de los sistemas informáticos, procedimientos administrativos e instructivos para adaptar el funcionamiento del organismo al nuevo régimen. Se mantendrán únicamente aquellos trámites de rúbrica que deriven de leyes especiales que continúan siendo de competencia de la autoridad laboral local.