La Justicia de Río Negro dictó un embargo preventivo contra la diputada nacional Lorena Villaverde (LLA) por US$29.970, en el marco de un reclamo por la venta de un lote en el emprendimiento Tajamar, en Las Grutas. La medida fue ordenada por el juez Cristian Tau Anzoátegui.
La Justicia de Río Negro dictó un nuevo embargo preventivo contra la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, por un monto de US$29.970, en el marco de un reclamo judicial relacionado con la venta de un lote en el emprendimiento inmobiliario Tajamar, en Las Grutas.
La medida fue ordenada por Cristian Tau Anzoátegui, juez de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial de Río Negro, a partir de una demanda presentada por un particular residente en Bariloche. Según consta en el expediente, el conflicto se originó por un presunto incumplimiento en la entrega del lote adquirido.
El embargo tiene carácter preventivo, es decir, es una medida cautelar y no una sentencia. Su finalidad es resguardar el resultado económico de un juicio mientras el proceso continúa.
Antecedentes judiciales
Este nuevo expediente se suma a una serie de reclamos judiciales vinculados con la comercialización de terrenos en Tajamar. Según los antecedentes mencionados en la causa, existen demandas civiles y una denuncia penal. Distintos compradores plantearon inconvenientes relacionados con la entrega de los lotes, la escrituración y la provisión de infraestructura básica.
En 2024 se registraron cuatro presentaciones judiciales vinculadas con el emprendimiento: tres demandas civiles por daños y perjuicios y una denuncia penal relacionada con una rifa vinculada al loteo. Algunos de esos expedientes continúan en trámite, mientras que al menos uno habría derivado en un acuerdo económico.
Durante 2025 se conocieron otros embargos preventivos contra la legisladora por montos cercanos a los $50 millones. En diciembre de ese año, otro expediente derivó en el embargo de su dieta como diputada nacional y de su aguinaldo por aproximadamente $40,5 millones. En marzo de 2026 trascendió otro embargo preventivo por una suma superior a $31 millones.
Hasta el momento, no existe una condena contra Villaverde por los hechos vinculados con la comercialización de los terrenos.
Declaraciones de Villaverde
Tras conocerse la medida, Villaverde aseguró que no había sido notificada oficialmente ni por sus abogados ni de manera personal. “No fui informada por mi representación legal ni notificada personalmente de esta supuesta medida. Al igual que ocurrió con otros embargos difundidos anteriormente, vuelvo a enterarme primero a través de los medios”, afirmó la diputada al Diario Río Negro.
La legisladora sostuvo que se trata de una medida cautelar dentro de un proceso civil y remarcó que “no existe sentencia ni condena” en su contra. “Desde hace tiempo vengo soportando un tratamiento institucional provincial, municipal y mediático particularmente violento y desigual, que no puede analizarse por fuera del escarnio mediático, político y la violencia institucional, como mujer y representante del pueblo rionegrino, que he atravesado”, declaró al mismo medio.
Villaverde defendió el desarrollo inmobiliario. Según explicó a La Nación, el loteo cuenta con 257 parcelas y más de 200 propietarios, y aseguró que las obras continúan en ejecución. “Son más de 200 propietarios, y hay cuatro que se han puesto de acuerdo con la misma abogada, con el mismo proceder”, detalló.
“Yo, como propietaria de todas esas tierras, me presenté, armé un proyecto, le resolví una cuestión habitacional a muchísima gente que por primera vez iba a acceder a poder tener su lote, y en pesos, a 10 años”, afirmó. Luego explicó que la pandemia afectó el desarrollo de las obras y aseguró: “Lo cierto es que las obras están en marcha y se están terminando”.
“Cuando las mujeres decidimos ocupar un espacio que indudablemente ellos no esperaban (…), el ataque hacia las mujeres es mucho más grave”, argumentó la funcionaria.
También afirmó que desarrolla actividades inmobiliarias desde hace más de 15 años y que las tierras pertenecen a su familia desde hace décadas. “No pretendo sustraerme de ningún proceso ni pedir privilegios: quiero exactamente lo mismo que cualquier ciudadano: ser notificada, ejercer mi defensa y no ser condenada públicamente por el poder informal que ejercen algunos medios antes de que la Justicia resuelva”, afirmó.
Al momento del cierre de esta nota, no se había recibido respuesta de la diputada ante las consultas realizadas sobre el nuevo embargo preventivo.