El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, expresó la preocupación de Washington por las sanciones a petroleras que operan en las islas. El oficialismo trabaja en modificaciones al articulado.
El Gobierno nacional revisa el proyecto de ley sobre defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, tras los cuestionamientos expresados por Estados Unidos. Así lo indicaron fuentes oficiales y legislativas.
El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, en conferencia de prensa el jueves, admitió la existencia de preocupación por el articulado que prevé sanciones contra las petroleras que operan en las islas. La visita de Landau al país tuvo lugar esta semana.
El proyecto, anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional, incluía en su capítulo I el endurecimiento de sanciones contra las empresas que operen en las inmediaciones de las islas y la extensión de penalidades a todas aquellas firmas que las financien. Según fuentes consultadas, Washington solicitó delimitar “correctamente” los tipos penales.
En el oficialismo conviven posturas diversas. Un sector, vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, sostiene que el texto “está diseñado para tener las herramientas que el Estado necesita para defender la soberanía nacional” y que “debería votarse cerrado de hecho”. Otros funcionarios y diputados se muestran dispuestos a avanzar en los cambios necesarios para aprobar la iniciativa. En la Cámara de Diputados, el sector que responde a Martín Menem sería parte de esta segunda posición.
Este viernes, Silvana Giudici, a cargo del proyecto, se reunió con Caputo y con María Ibarzabal Murphy en la Casa Rosada. Voceros consultados señalaron que se trabaja en “delimitar los tipos penales” y que “solo ajustamos los artículos que estaban amplios o difusos para que no haya ninguna duda de su alcance”.
Una de las modificaciones que se daría por descontada es la revisión del artículo 111, que preveía penas de hasta 12 años de prisión para quienes “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación”. La nueva versión dejaría afuera los términos más ambiguos, en particular el referido a “campañas de desinformación”.
Fuentes de la Casa Rosada afirmaron que “el proyecto va a salir” y que “no se va a cajonear”. Si bien indicaron que la intención es “que se trate lo antes posible”, contemplaron posibles dilaciones “lógicas” por las negociaciones con aliados en el Congreso.
La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó en su cuenta de X: “Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba”, en respuesta a una publicación que cuestionaba el futuro del proyecto.
En el oficialismo advirtieron que la emisión de dictamen en la Comisión de Defensa, prevista para el martes, podría complicarse, lo que a su vez dificultaría el tratamiento del proyecto en el recinto antes de que finalice el período de sesiones ordinarias. Con posterioridad, el texto deberá debatirse en el Senado.