Marta Pascual, titular del Tribunal Penal Juvenil Único y del Juzgado N°2 de Lomas de Zamora, ordenó frenar por 60 días la entrada en vigencia de la norma que reduce la edad de imputabilidad en Buenos Aires. Su trayectoria incluye más de tres décadas vinculada a políticas de niñez y adolescencia.
La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de la provincia de Buenos Aires, dictó una medida cautelar que suspende por 60 días la aplicación de la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad en territorio bonaerense.
Pascual se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a fines de la década de 1980. Desde entonces se desempeñó en áreas vinculadas con la niñez y la adolescencia. En los años 90, durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde (1991-1999), fue designada por Hilda González de Duhalde, entonces responsable de las políticas sociales de la Provincia, para trabajar en el Consejo Provincial del Menor y la Familia y luego en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano. Sobre el final de esa gestión, ocupó el cargo de ministra de Desarrollo Humano.
En ese período, Pascual supervisó centros de contención, institutos y refugios para menores. Según consta en su trayectoria pública, mantuvo reuniones con jueces que promovían sanciones contra menores en conflicto con la ley durante los últimos años del duhaldismo.
Con el inicio del siglo XXI, la Legislatura bonaerense aprobó su pliego para acceder a un juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, fuero que interviene en causas donde menores de 18 años (o de 16, según el caso) están imputados por delitos penales.
En el ámbito judicial, Pascual es descripta como una jueza con vínculos con distintos actores políticos de la Provincia. En agosto de 2025 recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Almirante Brown (UNAB) por su trabajo en la protección de los derechos de las infancias. En ese acto, que contó con la presencia del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y del rector de la UNAB, Pablo Domenicchini, Pascual declaró: “Soy hija de la universidad pública”, y agregó: “Siento alegría, siento emoción, acá está presente toda mi vida”.
Además, Pascual dirige la carrera de Especialización en Derecho de la Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), ejerció la docencia en universidades nacionales e internacionales, publicó más de 30 trabajos especializados y participó en congresos internacionales sobre justicia restaurativa y derechos humanos.
Entre los fundamentos del reconocimiento, la UNAB destacó el impulso al programa “Involucrados”, que articula el Poder Judicial con el municipio de Almirante Brown y la propia universidad para ofrecer alternativas al encierro de jóvenes, y la creación de la Red de Potreros Digitales, orientada a la capacitación tecnológica de adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Un funcionario con relación al fuero penal de Lomas de Zamora, en declaraciones a Clarín, señaló que “Pascual no puede ser encuadrada dentro del sector de la justicia garantista. Es estricta y hubo casos donde firmó sentencias duras”. Agregó que “conoce como pocos el ambiente de minoridad y está convencida de que no puede aplicarse el cambio que impone la ley sin organizar una estructura que permita el alojamiento y el resguardo de los menores en conflicto con la ley”.
En ámbitos vinculados a los derechos humanos, se reconoce que Pascual “se preocupa bastante por los pibes. En los centros de su jurisdicción controla mucho que no se vulneren los derechos”.