El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso un paquete de 29 medidas de prueba en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó 29 medidas de prueba en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, a la conductora Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clérici. La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso al escrito judicial.
Las medidas fueron solicitadas por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, con el respaldo de la querella de la Fundación Poder Ciudadano. El juez amplió el rango de investigación, que originalmente abarcaba el período 2009-2023, para incluir operaciones iniciadas en 2006. En el escrito, Rodríguez Ponte sostuvo que “existen medidas pendientes de realizar con el fin de obtener información que podría ser de utilidad para profundizar las hipótesis descriptas o bien para lograr individualizar si existe vinculación de los involucrados con otros actores, como también sus posibles roles dentro de las maniobras complejas que se encuentran bajo pesquisa”.
Entre las medidas ordenadas se incluyen requerimientos de información a ANSES y RENAPER sobre historial de sueldos y domicilios, pólizas de seguros, registros de propiedad de caballos de carrera, documentación de cuatro automóviles y de un departamento en Lomas de Zamora a nombre del ex intendente. También se ordenó el levantamiento del secreto bancario en Argentina y Uruguay.
La investigación incluye el análisis de comunicaciones telefónicas del período 2009 a la fecha, con el objetivo de establecer un mapa de contactos entre Insaurralde, Cirio y Clérici. Se revisarán llamadas, mensajes, uso de internet y registros de antenas de telefonía móvil.
En relación con Sofía Clérici, el juez levantó la prohibición de salida del país y la restricción que le impedía alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización. Clérici había obtenido un sobreseimiento que se encuentra en revisión judicial.
El juez también ordenó priorizar el análisis de un pendrive aportado por la Fundación Apolo, que contendría archivos y videos en los que se observaría a Cirio manipulando dinero en efectivo en una vivienda del country Fincas de San Vicente. Se dispuso un peritaje informático para determinar la autenticidad de las imágenes y su fecha de grabación. Además, se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue si un escribano que certificó una firma de Cirio en 2023 cumplió con las normas antilavado.
Las defensas de Insaurralde y Clérici se opusieron a la ampliación del período de investigación. El juzgado desestimó los planteos y ordenó avanzar con las medidas dispuestas.