El 12 de octubre comenzaron los traslados de personas privadas de libertad desde la cárcel de Villa Devoto al establecimiento penitenciario de Marcos Paz. Entre los primeros trasladados hubo estudiantes universitarios del Centro Universitario Devoto (CUD), según informes de organismos de control. La Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación se pronunciaron sobre el procedimiento.
El 12 de octubre comenzaron los traslados de detenidos desde la cárcel de Villa Devoto al establecimiento penitenciario de Marcos Paz, en cumplimiento de una decisión acordada entre el Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la primera jornada fueron trasladados 326 internos, y el procedimiento continuó los días siguientes, según informó la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Origen del Centro Universitario Devoto
En 1985, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) celebraron un convenio que dio origen al Programa UBA XXII. Al año siguiente comenzaron las actividades universitarias en Devoto. El Centro Universitario Devoto (CUD) funcionó durante cuatro décadas y permitió que personas privadas de libertad cursaran estudios superiores y obtuvieran títulos universitarios, de acuerdo con información de la UBA.
Características del CUD
El CUD operó como un espacio de autogestión y organización política dentro del ámbito carcelario, según describieron sus responsables. Allí se desarrollaban clases, discusiones académicas y actividades de organización colectiva. La PPN destacó que el entorno académico permitía a los estudiantes reconocerse en un rol distinto al de su condición de detenidos.
Desarrollo de los traslados
Los traslados se realizaron sin aviso previo a las familias ni a los organismos de control, según señaló la PPN en un habeas corpus presentado el 14 de mayo de 2025. Entre los primeros trasladados se encontraban estudiantes universitarios, pese a que el ciclo lectivo estaba en pleno desarrollo y no se habían garantizado las condiciones para continuar sus estudios en el nuevo establecimiento, indicó la Procuración.
La PPN había advertido en ese habeas corpus sobre la falta de notificaciones previas y de control judicial de los traslados, lo que producía una afectación al derecho de defensa y a la continuidad educativa.
Pronunciamientos judiciales y de organismos de control
El 25 de noviembre de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el caso López y otros vs. Argentina, en la que condenó al Estado argentino por traslados arbitrarios de detenidos a establecimientos situados a grandes distancias de sus familias, abogados defensores y jueces de ejecución. La Corte consideró que esos procedimientos afectaron derechos fundamentales y cuestionó la discrecionalidad penitenciaria y la falta de controles judiciales efectivos.
En mayo de 2013, la Corte IDH también había condenado al Estado Nacional en el caso Mendoza por actos de tortura y muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios.
Informes sobre violencia penitenciaria
Según relevamientos de la PPN y la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) durante 2025, se registraron 4.636 casos de tortura y malos tratos en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los tipos de malos tratos incluyen falta o deficiente asistencia de la salud, malas condiciones materiales de detención, agresiones físicas y aislamiento, entre otros.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNT), en su primer informe de integración de 2026, relevó 1.115 muertes bajo custodia penitenciaria entre 2022 y 2024, lo que equivale a una muerte cada dieciséis horas. Casi siete de cada diez muertes ocurrieron por enfermedades; un cuarto fueron por causas externas y sobre uno de cada diez decesos no se conoce información.
Durante 2026, la PPN registró 43 fallecimientos bajo custodia en jurisdicción federal o nacional, de los cuales nueve fueron violentos (ahorcamiento, herida de arma blanca o incendio), según sus boletines estadísticos n°38 y 39.
Declaraciones y posturas
La abogada e investigadora de la Facultad de Derecho (UBA), autora del texto original, sostuvo que el traslado se realizó «de manera inconsulta e ignorando los acuerdos establecidos con la Universidad de Buenos Aires». Además, afirmó que «el Servicio Penitenciario Federal no tiene facultades ilimitadas para disponer de la vida de las personas sometidas a su custodia».
La PPN, en su habeas corpus, señaló que los traslados afectaron el derecho de defensa y la continuidad educativa. La Universidad de Buenos Aires no emitió un pronunciamiento público adicional sobre el tema, según constató este medio.
El Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires acordaron el traslado, de acuerdo con lo informado por la PPN. No se difundieron declaraciones oficiales sobre la continuidad del CUD en Marcos Paz.