La toma de rehenes en la Alcaidía 1-A del microcentro porteño finalizó luego de cinco horas. Tres policías de la Ciudad fueron retenidos por presos; dos fueron liberados durante las negociaciones y el tercero a las 17.30. Las autoridades confirmaron el traslado de 31 personas a distintas alcaidías.
La toma de rehenes en la Alcaidía 1-A del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a las 12.36 de este viernes y se extendió por cinco horas. Tres policías de la Ciudad fueron retenidos por detenidos alojados en el lugar. Dos de ellos fueron liberados durante las primeras negociaciones y el tercero permaneció cautivo hasta las 17.30.
Según informó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, el episodio se inició tras una pelea entre dos detenidos. Cuando el personal policial intervino para separarlos, los reclusos tomaron como rehenes a un subcomisario, un inspector y un oficial mayor. A partir de ese momento se conformó un comité de crisis integrado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la fiscalía y el Servicio Penitenciario Federal.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad confirmaron que 31 personas fueron trasladadas a distintas alcaidías de la ciudad, entre ellas las 10 que participaron en la revuelta. Las mismas fuentes indicaron que los detenidos estaban procesados por robo, hurto y drogas.
El fiscal Marco Juliano Zunino, auxiliar de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal porteño, imputó a los involucrados por los delitos de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos agravada por ser cometida por más de tres personas, daño agravado por resultar afectados bienes de uso público y lesiones leves. Este viernes el fiscal continuaba recabando pruebas y se prevé que en las próximas horas indague a por lo menos 10 de los involucrados.
Juan Iraizos, coordinador de Centros no penitenciarios de la PPN, estuvo en la alcaidía para mediar con los detenidos. Fuentes del organismo señalaron que entre los reclamos de los presos se encontraban pedidos para ser derivados al penal de Ezeiza y mejorar las condiciones del lugar de encierro. De acuerdo a lo que manifestaron los detenidos, en el lugar no están dadas las condiciones para garantizar sus derechos básicos. En la alcaidía hay dos celdas compartidas, sin espacio de visitas, comedor ni sectores al aire libre. Entre los presos había dos con condena firme, uno de los cuales estaba alojado allí desde hacía más de dos años y medio.
El ministro Giménez detalló: “Hoy, a las 12.36, comenzó una toma de rehenes con 10 detenidos. Hubo una pelea entre los reos. La Policía entró y separó a uno de ellos. Los nueve restantes lo fueron a rescatar y, cuando el personal policial ingresó a poner orden, fueron tomados de rehenes un subcomisario, un inspector y un oficial mayor”. Agregó que “a partir de esa hora, se conformó el comité de crisis para resguardar la integridad de los reclusos y del personal policial ante cualquier eventualidad. Desde entonces, se negoció durante toda la tarde. También concurrieron representantes de la fiscalía y del Servicio Penitenciario de la Nación. Finalmente, se logró un acuerdo y los reclusos que participaron del episodio quedaron detenidos. Todos fueron revisados por el SAME”.
“El objetivo de la negociación era preservar la vida del personal policial. Por ese motivo, también intervino bomberos. Todos los integrantes del comité de crisis actuaron de manera coordinada, mientras que el personal policial dispuso un operativo de seguridad para evitar posibles intentos de fuga”, sostuvo el funcionario y adelantó que la alcaidía permanecería “cerrada por un tiempo”.
El hecho ocurrió luego del traslado de presos de la cárcel de Devoto hacia la nueva unidad construida por la Ciudad de Buenos Aires en el penal de Marcos Paz. La promesa, tras varios años de negociaciones, es que antes de fin de año se traslade a esa misma unidad a otros 700 detenidos en alcaidías y comisarías porteñas para descomprimir la situación.
La construcción de la cárcel de Marcos Paz surgió de un convenio firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el entonces jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El acuerdo implicaba trasladar detenidos de la cárcel de Devoto, cerrar ese establecimiento y generar nuevas plazas penitenciarias. El proyecto contemplaba una inversión inicial de 130 millones de dólares, de los cuales Nación debía aportar 60 millones y la Ciudad financiar el resto. El establecimiento fue proyectado para alojar a unos 2.240 detenidos.
La obra quedó paralizada en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, en medio de un conflicto político y judicial con Rodríguez Larreta por los fondos de coparticipación. Nación responsabilizó a la Ciudad por incumplir el convenio, mientras que el gobierno porteño cuestionó la distribución de recursos y responsabilidades. El conflicto se profundizó con el crecimiento de detenidos en comisarías y alcaidías porteñas, muchas de ellas sin infraestructura para alojamientos prolongados. Esa crisis incluyó una serie de fugas en distintas comisarías de la Ciudad.
En ese contexto, Jorge Macri reactivó las obras en diciembre de 2024. En enero de 2026, Nación y Ciudad resolvieron transferir el establecimiento de Marcos Paz al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que se encarga de administrarlo. El 8 de octubre se firmó el acta de recepción provisoria y el 11 de octubre comenzó el traslado gradual de los 1.500 presos de Devoto a Marcos Paz.