Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura, no habría informado a las autoridades argentinas sobre al menos cinco inmuebles en Florida, según registros oficiales y una investigación periodística.
El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, no declaró ante las autoridades argentinas al menos cinco propiedades en Estados Unidos, según verificó LA NACION en registros oficiales del estado de Florida. Otras tres unidades fueron mencionadas en una revelación del canal A24, lo que elevaría a ocho el total de inmuebles bajo sospecha.
Frugoni controla algunos de esos inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, identificadas como Genova LLC y Waki LLC. Estas sociedades habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos en Florida, cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares.
Según la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos, Genova LLC y Waki LLC fueron creadas por Harvard Business Services Inc. como agente registrador. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la información exhibida por el canal A24.
Cinco de las propiedades que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida. Una de ellas, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, tiene como domicilio postal asociado la sede del club Newman en Benavídez, provincia de Buenos Aires. Frugoni egresó del Colegio Newman en 1977 y trabajó para el club entre 1997 y 2008.
Un quinto inmueble, el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach, figura a nombre propio del funcionario. Según la ficha oficial del condado, Frugoni lo adquirió en julio de 2021 por 215.000 dólares. La propiedad obtuvo una exención fiscal especial en 2021, un beneficio que en Florida se otorga exclusivamente a quienes declaran el inmueble como su residencia principal permanente, aunque Frugoni reside y trabaja en Argentina.
Frugoni se suma así a otros funcionarios del Gobierno que afrontaron cuestionamientos por no declarar bienes ante las autoridades argentinas. La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la Oficina Anticorrupción, donde deben constar la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior.
