El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó en un encuentro con empresarios en el País Vasco una ley para suprimir los complementos salariales durante la incapacidad temporal, medida que ya aplicó el gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó en un encuentro con empresarios en el País Vasco que el absentismo laboral es un “cáncer” que cuesta más de 30.000 millones de euros al año, en un contexto en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de alrededor de 70.000 millones de euros. Según Feijóo, alrededor de 1.160.000 personas no acudían a trabajar cada día y las bajas laborales se multiplicaron por 10 en la última década.
Feijóo propuso aprobar “con o sin el acuerdo con los sindicatos” una ley para suprimir los complementos salariales durante el periodo de incapacidad temporal. El presidente del PP recordó que abordó este asunto cuando fue responsable de la sanidad española en los años 90, en el Insalud, que describió como “una fábrica de bajas”. Afirmó que “todo lo que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”.
Los sindicatos reaccionaron. El representante de CCOO, Pepe Álvarez, declaró que “el absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación” y calificó de “disparate” meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias.
El antecedente de esta propuesta se encuentra en el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, cuando aprobó un decreto ley que afectaba los complementos en las prestaciones por incapacidad temporal. La medida establecía que los trabajadores públicos dejaran de cobrar el salario íntegro durante la baja y pasaran al régimen del sector privado: por enfermedad común o accidente no laboral, percibirían como máximo el 60% de su sueldo entre el cuarto y el vigésimo día, y el 75% a partir del vigésimo primero. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador cobraría el 100% desde el primer día.
Este recorte se enmarcó en una reforma laboral que redujo la indemnización por despido procedente a 20 días por año con un máximo de 12 meses, y de 45 a 33 días de salario con un máximo de 24 mensualidades para despidos improcedentes. Además, se ampliaron las causas de despido objetivo, incluyendo la encadenación de ausencias justificadas e intermitentes que alcanzaran el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.
Durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio de Trabajo derogó esta ley en 2020, por lo que desde entonces se considera como despido improcedente.