El Gobierno nacional avanza con una iniciativa para sancionar a empresas que operen en las islas Malvinas, en línea con un proyecto que había sido impulsado por el kirchnerismo. La medida se apoya en el contexto internacional y en el interés por Vaca Muerta. El caso Bluewater expone contradicciones en la aplicación de la normativa vigente.
El Gobierno de Javier Milei profundiza una estrategia de presión económica sobre las islas Malvinas que consiste en sancionar a las empresas que realicen negocios habilitados por el gobierno isleño. La iniciativa se distancia de la tradicional apuesta a las negociaciones multilaterales en el marco de las Naciones Unidas y se acerca a la línea que había adoptado el kirchnerismo, según surge de un análisis de la política exterior en curso.
Dos factores internacionales inciden en esta estrategia. Por un lado, la divergencia entre Estados Unidos e Israel con el Reino Unido, Francia y Canadá respecto de conflictos en Medio Oriente. Por otro, el atractivo económico de Vaca Muerta, utilizado como herramienta de presión para inhibir a las petroleras que quieran hacer negocios con las islas.
En marzo pasado, el gobierno británico de Keir Starmer se negó a autorizar a Estados Unidos a utilizar la base militar de Diego García para atacar Irán. Ese episodio fue seguido por un cable del Pentágono que insinuaba una posible revisión de la neutralidad estadounidense en el diferendo por Malvinas. La semana pasada, el expresidente Donald Trump repitió los términos de aquel cable.
En ese contexto, Milei lanzó una iniciativa política que, según el análisis, ocupa los principales esfuerzos de la administración. La medida se apoya en la ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, que potencia una normativa anterior impulsada por los entonces legisladores Pino Solanas y Cristina Kirchner. El espíritu de esa normativa procede de un proyecto frustrado de Eduardo Menem.
La decisión de sancionar a empresas que hagan negocios concedidos por el gobierno isleño se apalanca en el valor de Vaca Muerta para las empresas internacionales de servicios petroleros. La amenaza de no hacer negocios en la Argentina si se involucran con los negocios de las islas tiene un voltaje mayor al que ensayaron Cristina Kirchner o Alberto Fernández.
El programa de sanciones enfrenta encrucijadas críticas. Una de las notificaciones que advertía sobre castigos a empresas que operaran en relación con el proyecto Sea Lion estaba dirigida a la empresa Bluewater, contratada por Navitas, principal accionista del consorcio que opera en las islas. Bluewater es también la fabricante de las dos monoboyas para el oleoducto que sacará el petróleo de Vaca Muerta a través del puerto de Punta Colorada. Las autoridades demoraron el envío de la carta hasta que esas boyas salieran de Dubai y fueran transportadas a la Argentina.
Las fechas de los contratos de Bluewater plantean un problema. En junio de 2025, el consorcio que opera el oleoducto, al que pertenece YPF, contrató a esta compañía como proveedora de las monoboyas. Pero Bluewater ya tenía un contrato con Navitas, de Sea Lion, que era público en enero de ese año. La ley que prevé sanciones para casos de este tipo no se aplicó.
Anoche, el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, redactaron otra tanda de denuncias contra firmas que colaboraron con la explotación petrolera de Malvinas. El procurador Amerio está en contacto permanente con el ministro de Economía para evaluar el costo eventual de las denuncias. Es posible que se introduzcan dispositivos disuasivos más que punitivos en la reforma a la ley de sanciones.
Entre las excepciones en danza estaría la situación de Eduardo Elsztain, empresario que estuvo comprando desde 2005 acciones de la Falkland Islands Holding. En 2017, el gobierno británico lo bloqueó como accionista mayoritario por su origen argentino. Elsztain publicó una nota en la que reivindica un enfoque de involucramiento con los isleños a partir de los negocios, en línea con la posición de Carlos Menem y Guido Di Tella.
La puesta en escena no alivia al Gobierno en otros frentes, como la batalla parlamentaria por las moras financieras y el derrumbe de la construcción y la industria. La cuestión Malvinas, según la especialista en campañas electorales Ana Iparraguirre, no provoca debate alguno.